En medio de un paro de transporte causado supuestamente por amenazas de las pandillas, éstas piden que el gobierno les escuche y les dé la oportunidad de reinsertarse. A Dios rogando y con el mazo dando.
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| Foto obtenida de ContraPunto |
SAN SALVADOR – Mientras medio país busca aún cómo ir de su casa a su lugar de trabajo y viceversa, un comunicado, supuestamente emanado de las cúpulas de las pandillas, pide la apertura de un proceso de diálogo con el gobierno para solucionar el problema de la violencia y exige que la Ley de Proscripción de Pandillas sea vetada por el presidente Mauricio Funes.
Las pandillas se postulan como interlocutores para sentarse en una mesa a hablar con el gobierno, algo que no es nuevo. Ya fue planteado en febrero pasado, tras varias manifestaciones conjuntas de estos grupos en demanda de mejores condiciones en los centros penales.
Pandilleros y sociólogos
La noche del martes, el sacerdote Antonio Rodríguez leyó ante las cámaras de El Noticiero, del Canal 6, un comunicado presuntamente firmado por las dos pandillas más grandes, la Mara Salvatrucha y la Mara 18, en el que estos grupos hablaban, en un lenguaje propio de académicos, de sus intenciones de participar en la solución del problema de la criminalidad, justo en momentos en que, contradictoriamente, tales grupos paralizaron el transporte público en todo el país, quemaron dos buses, ametrallaron un pick up en San Miguel e inyectaron el miedo en las venas de la ciudadanía.
Rodríguez es un sacerdote que ha estado vinculado con proyectos de reinserción de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Más recientemente, ha sido nombrado parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos Durante el Conflicto Armado, la primera instancia gubernamental que pretende buscar y encontrar a infantes desaparecidos forzadamente durante el conflicto civil.
En el comunicado, las pandillas MS13 y 18 piden conjuntamente disculpas a la población y afirman que “dicha medida (el paro del transporte) fue ejecutada con el único objetivo de poder ser escuchados”.
Aún está por verse si el comunicado es auténtico. Al respecto, entrevistado telefónicamente por ContraPunto, el sacerdote dijo: “A mí el comunicado (me) fue trasladado por líderes que, bueno... no por líderes, fue canalizado y dialogado entre las dos pandillas”.
Al preguntársele de dónde o cómo se cocinó el comunicado, el religioso dijo: “Ellos (los pandilleros) tienen muchas maneras de expresarse y hay muchos medios para que ellos puedan comunicarse y dar su opinión”.
Según dicen los miembros de las maras, el problema de la violencia “es simplemente una expresión de la injusticia social”, situándose, pareciera, a distancia de ella, como si ellos no fueran parte del problema.
También se quejan del incumplimiento de compromisos adquiridos por el gobierno para poner en marcha medidas de reinserción para ellos y de que sus derechos son vulnerados en los penales, en los que denuncian un 280 por ciento de hacinamiento.
Por último, afirman estar dispuestos a “adquirir compromisos con la sociedad, a fin de crear juntos un mejor país”. Algo para lo que, dicen, se deben fomentar centros ocupacionales tanto en prisiones como en comunidades de escasos recursos, para dar oportunidades a los jóvenes y “encontrar juntos las soluciones que nos ayuden a disminuir la violencia”.
Según el padre Rodríguez, las pandillas “están pidiendo un estado social con un abordaje mucho más integral y respuestas más desde una perspectiva de derechos humanos” para solucionar un problema que él califica como “conflicto social”.
Algo que en opinión del religioso es incompatible con la Ley de Proscripción de Pandillas, ya que es una política que viene a reproducir modelos represivos ya aplicados en el pasado y que han demostrado ser ineficaces.
“No se le puede mentir a la gente creyendo que el esquema y el abordaje punitivo es el camino a la solución (...) Lo que se propone (en el comunicado de las pandillas) es menos represión, porque a menos represión más seguridad y a más represión más violencia”, recalcó Rodríguez.
Solo tres asesinatos diarios
Cuando se le recordó que la población identifica a las pandillas como responsables de horrendos crímenes, asesinatos, robos y extorsiones, el religioso responde, como excusándolos, que “las pandillas no son el principal actor de violencia en el país”.
Según él, son responsables de no más de un 25% de los asesinatos en el país. Es un dato manejado, supuestamente, por las autoridades policiales, aunque nadie lo ha confirmado.
Pero, aunque ese porcentaje fuera cierto, algunos actos parecen diseñados por ellos mismos para darse notoriedad y causar pánico en la población.
Nada más notorio y estremecedor que incendiar una unidad del transporte público con sus pasajeros dentro, como sucedió en junio pasado, en Mejicanos, cuando pandilleros de la 18 incendiaron un microbús y no dejaron salir a los pasajeros. 17 personas murieron como resultado de ese hecho criminal que conmocionó al país, y motivó al gobierno a impulsar una legislación antipandillas en el Congreso. El 1 de septiembre se aprobó la Ley de Prescripción de Pandillas, objetada ahora por los pandilleros.
Y aun si fuera cierto que las pandillas son solo responsables del 25% de los homicidios, esa es ya, de entrada, una cifra importante. Las pandillas serían responsables de tres de los 12 asesinatos que más o menos se dan diariamente en el país.
Pero el padre Rodríguez no supo elaborar una respuesta convincente a la pregunta de por qué tendrían estos grupos criminales capacidad de interlocución con el gobierno, tomando en cuenta que no solo la población los identifica como responsables de buena parte del origen de la ola de crimen que se vive, sino que él mismo, Rodríguez, acepta que son responsables de tres de los 12 asesinatos diarios cometidos en el país.
Nadie es ajeno al hecho de que, más allá de porcentajes, las pandillas son, en su esencia, grupos violentos, que se asesinan entre ellos y asesinan a otros, y que se sirven del crimen y el miedo que provocan para extorsionar a una población que en muchos casos trabaja precariamente para llevar a casa un magro sustento diario.
Parásitos de una sociedad enferma e injusta en cuyo seno nacieron pero a la que no han aportado siquiera un aspecto positivo, contribuyen más bien a agudizar sus sufrimientos.
Según el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Rubio, el diálogo que se plantea al gobierno no tiene justificación porque el propósito de las pandillas “ha sido delinquir y mantener unida la mara y tener sobrevivencia económica o acumulación”.
Entonces, se pregunta Rubio, “¿qué van a negociar, que no maten?”.
Dejar de matar y extorsionar parece algo que pudieran hacer por propia iniciativa, si verdaderamente, como dicen, quieren solucionar el problema de la violencia en el país.
Lo dijo claramente el ministro de Defensa, David Munguía Payés, en un noticiero televisivo la pasada noche: “Un gobierno democrático no puede negociar con criminales”. Agregó: “No veo (factible) ese tipo de negociación”.
En esto hay unanimidad, a tenor de lo expresado por autoridades y líderes de distintas tendencias políticas.
Además, como explica Roberto Rubio, “jurídicamente es complicado negociar con bandas criminales. Ya no digamos en términos políticos, porque es reconocer la incapacidad del gobierno de poderlas controlar”.
Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Jorge Daboub, dijo a ContraPunto que, con el pronunciamiento leído por el sacerdote, se han confundido los conceptos.
Porque una cosa es que, en efecto, los jóvenes del país necesitan opciones para salir adelante, así como una mejor educación, salud, etc., y otra cosa diferente es querer mezclar esas necesidades sociales para que grupos criminales las utilicen como pretexto para exigir al gobierno una negociación.
“Pero pareciera que el padre que está hablando de eso (Rodríguez) si está confundido”, sostuvo Daboub.
No cuadran los conceptos
Rodríguez afirmó a ContraPunto que “los pandilleros no tienen nada contra la gente, absolutamente nada”, algo que cuesta creer en un contexto en que a diario se ven casos de asesinatos cometidos por los pandilleros (aun cuando sean solo el 25%, según las cifras del sacerdote). Los casos de extorsiones son incluso más comunes.
Se sabe que son las pandillas las principales responsables de asesinar personas y enterrarlas en cementerios clandestinos en milpas y cafetales del país. El forense Israel Ticas ha localizado más de 380 cadáveres en alrededor de 30 cementerios de este tipo, desde que comenzó su labor en 2006, y el dedo acusador apunta a las pandillas como las ejecutoras de esta barbarie. Las autoridades calculan que hay más de mil desaparecidos, y es probable que estén ya enterrados en los cementerios.
El religioso sostuvo que en El Salvador hay un “conflicto social” entre las pandillas y el Estado, de la que sólo se puede salir abordando estrategias integrales de prevención, lo cual pasa por trabajar en la justicia social.
Tras citar los doce años del conflicto “en que se utilizó la violencia para demandar un país más justo”, en referencia a la guerra que vivió el país en los años 80, el padre Rodríguez afirmó que lo que hacen las pandillas “es una manera de estar exigiendo al Estado que fracasó en generar oportunidades en su niñez y su adolescencia, que nunca las tuvieron”.
Sin embargo, estos grupos no luchan contra un Estado corrupto y dictatorial y sus víctimas no forman parte de ningún ejército represivo, sino de las capas más pobres y vulnerables de una ciudadanía que está más que harta de su presencia.
Para Roberto Rubio, si hay una guerra, “es una guerra declarada no sólo al Estado, sino a la sociedad salvadoreña”.
Y, en tal caso, negociar en una guerra es aceptar que se ha perdido o empatado, dijo Rubio, que objeta que “el estado y la sociedad salvadoreña tienen todavía muchas formas de enfrentar adecuadamente este fenómeno”.
Por otra parte, la propia naturaleza de las pandillas, su atomización en el territorio, hace dudar de la representatividad real de este pronunciamiento de sus supuestas cúpulas, así como de las posibilidades de que sus bases acaten un hipotético acuerdo emanado del solicitado diálogo.
“Se matan entre ellos, se disputan territorios. ¿Hasta dónde esto (el comunicado) expresa un pensamiento de las pandillas en general, de sus propias organizaciones y sus miembros en particular? Yo creo que eso no es confiable, porque ¿quién garantiza que no sigan matando?”, cuestiona Roberto Rubio.
Por otra parte, distintas voces han expresado su sorpresa por el giro radical del discurso de las pandillas en este comunicado, tanto por su contenido como por su forma.
“Es un poco paradójico, porque son bandas criminales pero se ponen como que sufren también la criminalidad, es una cosa un poco rara el análisis que se hace”, dijo Roberto Rubio.
Y añadió: “El tipo de discurso no es el habitual de las maras, incluso con planteamientos casi de análisis”.
De hecho, el director ejecutivo de Funde, lo primero que destacó del comunicado fue precisamente que parecía que alguien lo había escrito para las pandillas, alguien con “mayor capacidad académica” que el que se puede esperar de un joven pandillero.
Según Rubio, dado el lenguaje y los conceptos utilizados en el texto, “están actuando como un centro de pensamiento, como una ONG, como un partido político. Esto te desequilibra en el análisis que tú tienes de las maras. Hay que indagar qué es lo que hay detrás porque es la primera vez que tienen un comportamiento como ése”.
El jefe del grupo parlamentario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Medardo González, dijo que hay interés de sectores por desestabilizar al gobierno, y apuntó a “grupos desestabilizadores” que estarían reaccionando ante “los exitosos” planes de seguridad y las políticas de combate de la delincuencia que están desarrollando la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada.
Sin embargo, al ser preguntado por la posibilidad de que, como se especulaba el pasado martes, detrás del paro del transporte estuviera el crimen organizado, el padre Rodríguez afirmó que para él está “totalmente descartado”.
“Yo creo que el narcotráfico y el crimen tienen su composición por otras élites económicas y políticas que no tienen nada que ver con el fenómeno pandilleril”, añadió el sacerdote.
Lo que el gobierno tiene que hacer, dijo Rubio, no es dialogar ni negociar nada con las pandillas, sino más bien “investigar qué está detrás, quién los está motivando, qué propósitos tiene. Porque esto coincide con estos rumores de desestabilización del gobierno”.
Noticia tomada de Simpatizantes FMLN y ContraPunto
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